Los pueblos originarios en nuestro país fueron, en el norte, sojuzgados
por los colonizadores españoles, que necesitaban liberar de amenazas
las vías de comunicación y comercio entre el Alto Perú y el Río de la
Plata; como así también de mano de obra sumisa en el campo y las
ciudades que iban fundando. En el centro y sur de lo que constituyó
luego el territorio argentino, las necesidades de conquista fueron
durante muchos años menores. Y las tribus que habitaban esas tierras
-Ranqueles, Tehuelches, Mapuches/Araucanos- mucho más guerreras, por lo
que aquellos convivieron con ellas sin excesivos conflictos.
Esto
comenzó a cambiar durante el siglo 19 cuando nuestro país, ya
independiente, se fue orientando a un proyecto agropecuario
esencialmente asentado en la pampa húmeda. Se tensó paulatinamente la
relación con las tribus allí asentadas y crecieron los enfrentamientos.
No se aceptaba desde los gobernantes que ellas controlaran el territorio
donde debía desarrollarse la principal economía nacional. La primer
“campaña del desierto” la llevó adelante Rosas (ganadero, gran productor
de tasajo en sus saladeros, que se exportaba a Brasil) en 1833, siendo
gobernador de la provincia de Buenos Aires.
La confrontación fue
escalando con el pasar de los años. La aparición de los buques a vapor
que acortaban el tiempo de los viajes a Europa y de sistemas de enfriado
que permitían exportar carnes hacia Inglaterra, determinaron que los
sectores dominantes tomaran la decisión de llevar a los indios (como les
denominaban) por debajo del río Negro. Primero fue la construcción de
la “Zanja de Alsina” (por Adolfo Alsina, Ministro de Guerra de
Avellaneda) en 1876, corriendo la frontera con los aborígenes hasta
cerca de Bahía Blanca. Luego le siguió la conocida y feroz campaña de
“Conquista del Desierto”, que comandó el general Julio Argentino Roca en
1879. Los nuevos fusiles Remington de tiro a repetición fueron
demasiado para las lanzas y boleadoras.
Derrotados y dispersados que
fueron los pueblos originarios del sur -y también los tobas en el
noreste en 1884 por el general Victorica-, ya no hubo a partir de allí
casi resistencia en el territorio nacional. Aunque si matanzas como la
de Napalpí en el Chaco en 1924 o de Rincón Bomba en Formosa en 1947.
Fueron a partir de allí diezmados dichos pueblos por la miseria, el
hambre y las enfermedades, al ser confinados en territorios aislados y
marginales, de casi nula capacidad productiva. Miles de ellos se fueron a
vivir a las ciudades, quebrándose así su cohesión como etnias. En esa
situación y durante más de cien años la problemática de los mismos
estuvo prácticamente invisibilizada; era como que no existía en éste
país.
Sin embargo hace ya más de una década han recrudecido las
demandas de los pueblos originarios; en el norte y en el sur. En parte
es el fruto del renacer de su dignidad, seguramente ayudados por las
luchas de otros como ellos en toda nuestra Latinoamérica. En otra
porción, igual de importante que la anterior, los responsables son los
grandes intereses agropecuarios y también petroleros que ahora ven con
buenos ojos las pobres tierras en que han sobrevivido a duras penas las
comunidades indígenas.
En nuestro norte, en Salta, son los wichis y
guaraníes los que están en conflicto. “Nos tratan como terroristas y
usurpadores en la tierra donde siempre vivimos. Y los jueces y el
gobernador solo escuchan al empresario”, señalan. En Chaco y sobre todo
Formosa el hostigamiento es a los quom. “Los particulares que se
apropian de nuestras tierras están vinculados a la ganadería, y a la
agricultura. Por lo general están muy ligados con el gobierno provincial
de Insfrán”, señaló en reiteradas oportunidades el cacique Félix Díaz.
En el sur la cosa no es distinta. En un comienzo los principales
reclamos de la comunidad mapuche fueron alrededor de las tierras.
Grandes propietarios como Benetton (900.000 hectáreas de campo) ocupan
terrenos que son reclamados como propios, con toda justicia, por los
habitantes originales. Pero ahora, de hace 4 ó 5 años, se le ha agregado
la cuestión petrolera. No solo en lo que a contaminación refiere
-actual y futura- sino también y por sobre todo a quienes -y en qué
proporción- corresponden los beneficios que se obtengan; en particular
de la joya de la corona: Vaca Muerta.
No por casualidad dijo el 29
de mayo pasado Jorge Nahuel Werken (vocero de la Confederación Mapuche)
en Neuquén a periodistas: “llegamos hasta las oficinas de YPF porque
estamos en un estado de alarma general en las comunidades, porque se
notan movimientos de Gendarmería en los alrededores y creemos que esto
responde a una política premeditada de YPF para buscar enfrentamientos
que justifiquen una intervención de la Justicia Federal a través de la
Gendarmería Nacional”.
Sabido es que Macri tiene a la explotación de
petróleo y gas en Vaca Muerta como uno de los principales ejes
económicos de su gestión. Pero sucede que los precios internacionales
siguen bajos, 47 dólares el barril cuando hace pocos años estaba arriba
de 100. Como la producción a través del “fracking” es más cara que la
convencional, el gobierno viene entonces buscando bajarle los costos a
las grandes empresas petroleras de las que espera inversiones. En ese
camino, el primer paso fue introducir la flexibilización laboral en los
contratos de los trabajadores del sector. Les resta disciplinar a los
mapuches con sus demandas, de manera tal de que haya “tranquilidad
social” para las transnacionales que vengan.
Atrás de la represión
de gendarmería que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado y
de la defensa a ultranza de dicha fuerza de seguridad por parte de
Patricia Bullrich. De la presencia de Noceti, jefe de gabinete de la
Ministra, ex defensor de militares de la dictadura, dirigiendo el
operativo. Como también de todas las operaciones posteriores del
gobierno para que las víctimas -los mapuches y Santiago- aparecieran
como victimarios, como violentos, como “terroristas” acorde a las nuevas
etiquetas que usa la derecha. Se oculta la estrategia del gobierno
nacional de imponer una vez más los intereses de los grandes grupos
económicos sobre -en este caso- el de los pueblos originarios. Usando
para ello todos los mecanismos del Estado, incluyendo la violencia.
HUMBERTO TUMINI
( MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR )
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